Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
El Salvador
Retos y perspectivas de la Ley de Acceso a la Información Pública PDF Imprimir E-Mail
escrito por Comunicaciones PNUD El Salvador   

La semana pasada entró plenamente en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), aprobada hace un año. Una ley ambiciosa, que ha sido catalogada como la cuarta mejor normativa sobre transparencia en el mundo, pero que plantea importantes retos en su implementación.

 

La ciudadanía ya puede disponer de la información que manejan todas las instituciones que funcionan con fondos públicos, lo que incluye a las que están vinculadas al ejecutivo, al sector judicial, a la Asamblea Legislativa,  a todas las alcaldías y a aquellas empresas en las que participa el Estado.


Una parte de la información será publicada de forma sistemática (información oficiosa)  y otra, podrá ser solicitada por cualquier particular u organización. Las instituciones sólo podrán negar información en casos en los que se justifique,  por ser información confidencial o  reservada.


 “Para los salvadoreños es un enorme paso, que va a promover una democracia más participativa. Los ciudadanos se podrán involucrar más y de una mejor forma”, enfatizó Laura Rivera, Oficial de Programa del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y responsable del Proyecto de Transparencia de esta entidad.
Rivera destacó que el proceso de elaboración de la LAIP se desarrolló con una alta participación de la sociedad civil y la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción. Sin embargo, apuntó que son importantes los retos que ha de enfrentar la incipiente normativa.


Uno de ellos es que sea conformado el Instituto de Acceso a la Información, que es la instancia que supervisará que las instituciones cumplan con la ley. Es decir, que si alguien solicita información a una institución y se le niega, esa persona podrá apelar la decisión ante este Instituto, que tendrá que estudiar por qué fue denegada la información, pudiendo ordenar que sea entregada e incluso establecer sanciones. “Sin embargo el ordenamiento jurídico salvadoreño también permite utilizar otros mecanismos legales ante las salas de la CSJ”,  expresó la oficial del PNUD.


Otros desafíos importantes incluyen que se utilice la normativa  ampliamente, es decir, que no solamente sea usada en el sector urbano del Gran San Salvador, y que se ponga a disposición la información directamente en las instituciones y no solamente vía Internet. “El reto, en definitiva, es popularizar la importancia del acceso a la información”, señaló Rivera.
Para lograrlo, hay que apostarle al lado práctico de la ley, con el acceso a una información más cercana con la población, detalló. Puso como ejemplo la relevancia de la información que poseen las municipalidades, al manejar datos importantes sobre temas como el agua, la salud o la recolecta de desechos sólidos, entre otros.


El PNUD está colaborando con la implementación de la LAIP, enfocándose fundamentalmente en difundirla entre los jóvenes y los sectores vulnerables y en formar a quienes trabajan en las administraciones locales. Este aporte se enmarca dentro del Proyecto de Transparencia que está llevando a cabo el PNUD en El Salvador.


El proyecto implica el apoyo a la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción en el Mapeo, Diseño y Validación de Indicadores de monitoreo y seguimiento de la Política de Transparencia y Anticorrupción,  de la LAIP y de otras normativas importantes vinculadas al tema.


El objetivo es que en la formulación de estos indicadores participen instituciones académicas, tanques de pensamiento, especialistas en el tema y organizaciones de la  sociedad civil (OSC), con especial énfasis en organizaciones juveniles.   
Con estos indicadores se buscará ver qué instituciones están cumpliendo la ley y que se genere una suerte de competencia positiva entre las instituciones públicas para ver cuál es la mejor valorada, es decir, la que da más información al público.

 
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