Excelentísimo Señor Reyes Morales:

Tengo el honor de dirigirme a usted en mi condición de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de mi mandato de promoción y protección de los derechos humanos, otorgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 48/141 de fecha 20 de diciembre de 1993, para expresar mi preocupación ante la situación existente entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial y sus implicaciones para el Estado de derecho y el goce de los derechos humanos en su país.

Según informaciones recibidas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió, el pasado 5 de junio, los fallos 19 y 23-2012 declarando inconstitucionales los nombramientos de los Magistrados propietarios y suplentes realizados por la Asamblea Legislativa en los años 2006 y 2012. Entiendo que estas decisiones están pendientes de ser implementadas. También he tomado nota de que el pasado 28 de junio, la Asamblea Legislativa, mediante Decreto Legislativo, reformó la Ley Orgánica Judicial, suspendiendo la facultad del Presidente de la Corte Suprema de Justicia para llevar la sustanciación de los asuntos de Corte Plena y para convocar la reunión de la Corte Plena.

La reforma también ha modificado el quórum de integración de la Corte Plena, y delegado a los magistrados presentes a la reunión la facultad de nombrar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para presidir sus reuniones. El Artículo 3 establece que la Corte Plena puede sesionar en cualquier lugar. Entiendo que en base a estas últimas disposiciones, el pasado 1 de julio los magistrados electos en 2012 entraron al edificio de la Corte y se reunieron paralelamente a la Corte presidida por el magistrado José Belarmino Jaime.

Conforme lo establecen los principios y normas contenidos en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos de los cuales la República de El Salvador es Estado Parte, el Poder Judicial debe decidir los asuntos que son de su conocimiento y competencia de forma independiente e imparcial, libre de cualquier interferencia o amenaza y con irrestricto respeto a lo establecido en la Constitución y leyes de la República. Sus fallos deben ser acatados por todos los órganos del Estado.

Por la presente me permito expresarle, muy respetuosamente, mi profunda preocupación por la situación existente entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, por cuanto puede afectar seriamente la independencia del poder judicial y el Estado de derecho, e incluso generar inseguridad jurídica y tener serias consecuencias para el goce de los derechos humanos en el país.

Por consiguiente, Señor Presidente, me dirijo a Usted para solicitarle tenga a bien tomar todas las medidas necesarias para poner fin al conflicto entre los poderes del Estado y se arribe a una solución respetuosa y consistente con los principios del Estado de derecho, que preserve la independencia del Poder Judicial, en estricta conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por la República de El Salvador.

Mi oficina reitera a su Excelencia su disposición de continuar apoyando todos los esfuerzos encaminados al fortalecimiento de las instituciones nacionales, y contribuir así a la consolidación de una democracia respetuosa del Estado de derecho.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi más distinguida consideración.

Navanethem Pillay.

Alta Comisionada para los Derechos Humanos
 

Dirigida a:

Excelentísimo señor

Sigfrido Reyes Morales

Presidente de la Asamblea Legislativa

República de El Salvador.

Con copia a:

Sr. Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador

Sr. José Belarmino Jaime, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Sr. Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas