Ciudad de Guatemala, 20 de enero del 2014 –Las políticas para hacer frente al reto de la inseguridad ciudadana tienen que centrarse en los jóvenes y las mujeres, según el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 para América Latina del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), que hoy tuvo su lanzamiento centroamericano.  Además, la toma de decisiones debe incluir las comunidades locales para que realmente sean efectivas, según el IDH  “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”.

“No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en la región y en Centroamérica, pero este grave problema sí tiene remedio y requiere aproximación multisectorial y voluntad política de largo plazo,” dijo el Subsecretario General de la ONU y Director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. “Un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, por eso hay que invertir en la juventud como motor del cambio en la región,” agregó Muñoz al hacer un llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos.

“No podemos hablar de seguridad ciudadana sin hablar de desarrollo y oportunidades para el pueblo,” dijo el Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina en el lanzamiento. “Las recomendaciones de este Informe Regional de Desarrollo Humano son fundamentales y seis de ellas nosotros hemos incluido en nuestros pactos nacionales.”

Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia y, a la vez, son los responsables más comunes de la violencia y los delitos, según el IDH. En Centroamérica, El Salvador (92.3), y Guatemala (55.4) tenían la primera y la cuarta más alta  tasa de homicidio entre jóvenes del mundo (por 100,000 jóvenes), según datos de la Organización Mundial de la Salud, del 2011, citados en el informe. La violencia y el delito cometidos por jóvenes en la región suelen desarrollarse en el contexto de dinámicas colectivas que van desde barras deportivas hasta pandillas, no criminales o criminales,  según el informe.

En Centroamérica, la percepción de inseguridad relacionada con las pandillas se expresa de manera especialmente intensa en El Salvador y Honduras, según la encuesta LAPOP-PNUD 2012 elaborada para el informe. Para los costarricenses, nicaragüenses, panameños y dominicanos la principal amenazas son los delitos comunes. Guatemala también identifica los delitos comunes como principal amenaza. Las pandillas aparecen en segundo lugar.

Según el IDH, la presencia de las pandillas (o maras) en diversos países y su nivel de organización y de criminalidad se han acentuado en los últimos años, en muchos casos, a raíz del fracaso de las políticas de “mano dura”, de fuerte represión policial.  La encuesta de internos en El Salvador realizada por el PNUD en el 2013 muestra que un 37% de los internos pertenecía a una pandilla en el momento en el que fue detenido. Del 63% restante, un 10% se integró a las pandillas en la cárcel.

El estudio del PNUD también destaca la violencia de género como una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región y en Centroamérica, que tiene algunos de los más altos índices de asesinato de mujeres  del mundo.

Si bien Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá registraron una caída en los índices de violencia intrafamiliar,  todos los países centroamericanos (excepto Panamá) registraron un aumento en los índices de asesinato de mujeres. De los cinco países con más altos niveles de feminicidio en la región en el 2011—Chile (19,89) Guatemala (14,96), El Salvador (14,37), Costa Rica (13,50) y Republica Dominicana (10,07)—tres están en Centroamérica. Entre los 15 países analizados, Republica Dominicana (56.5), Costa Rica (34.6) y México (29.0) tenían en 2011 los registros más altos de violaciones por 100.000 habitantes. Y República Dominicana (623) presentó el segundo más alto registro de violencia intrafamiliar de la región por 100.000 habitantes en el 2011.

MAPA DE LA INSEGURIDAD - Si bien los índices de homicidio han aumentado en Honduras (del 37 en 2005 al 86.5 en el 2011), siendo el país que registra las más altas tasas de homicidio del mundo por 100.000 habitantes, los mismos índices han disminuido en Costa Rica (de 11 en 2008 a 8.8 en 2012) y en  Guatemala (de 46 en 2008 a 38.5 en 2011). Las tasas de homicidio se han estabilizado en Nicaragua (alrededor del 8.72 desde 2005) y en Panamá (donde en 2009 con 23.2 se dio el pico más alto y se ha estabilizado en el 20.84 en 2011).

Tras el pacto de no agresión entre las maras/pandillas a principios del 2012,  El Salvador registró una caída de más del 40% en los homicidios por 100.000 habitantes (del 70.32 en el 2011 al 41.2 en el 2012). El informe analiza el contexto salvadoreño como una “ventana de oportunidad” para que el gobierno y los distintos sectores de esa sociedad construyan iniciativas y políticas más sostenibles para disminuir la violencia y el delito.

Entre los varios factores que impulsan el delito y la violencia en la región están el aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social, que inciden en “delitos aspiracionales”. Además, las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad.

En el caso específico de Centroamérica, el creciente fenómeno de la “feminización de la migración” llevó a la “maternidad de larga distancia”, ya que muchas madres dejaron sus  hijos en sus países de origen. Así, la búsqueda de empleo y oportunidades en otros países ha tenido repercusiones en los hogares al fraccionar las familias e impactar la cohesión, la pertenencia y la estabilidad, según  el informe.

Otro factor que incide en la violencia es el aumento de armas de fuego en Centroamérica como consecuencia de las guerras civiles, desvío de armamento de las Fuerzas Armadas por parte de funcionarios y el tráfico producto de la fácil venta de armas en Estados Unidos. Además, la correlación entre las zonas claves de tráfico de droga y las altas tasas de homicidio, especialmente en Honduras y Guatemala, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

MÁS ALLA DEL ESTADO – El informe resalta la importancia de la respuesta de “actores no estatales”, incluso de los movimientos sociales, y de la cooperación internacional, a nivel regional y con organismos internacionales. Sin embargo, enfatiza que debido a la creciente percepción de inseguridad, a la expansión de las clases medias y al “adelgazamiento” del Estado, la contratación de vigilantes privados ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces mayor que la de Europa occidental.  Guatemala ilustra esto con más de 23.550  policías para velar por sus más de 15  millones de habitantes y 120,000 guardias privados que protegen a quienes los contratan. Le sigue Honduras, con 12,301 policías y 60,000 guardias privados, con una proporción 4.9 a 1. En Nicaragua, por cada policía hay 2.1 vigilantes privados. Este fenómeno aumenta la desigualdad de la población en términos de capacidad de lidiar con el delito, dice el IDH.  
“El problema de la seguridad no debe abordarse pensando en las próximas elecciones, sino pensando en las próximas generaciones,” dijo Hugo Martínez, Secretario-General del Sistema de Integración para Centroamérica (SICA) en el lanzamiento, al resaltar que seguridad es uno de los cinco ejes prioritarios de SICA.

RESPUESTAS – El IDH resalta que reformar las instituciones básicas de la cadena de justicia—policía, jueces, ministerio público y cárceles—es esencial para responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos de contratación, administración y profesionalización de los funcionarios para lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos.

Según el estudio, el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región. Algunos factores como las deficiencias institucionales de las policías y los tribunales, la sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido priorizada, según el informe, “las cárceles se han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.” Asimismo, la percepción de los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha limitado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social, destaca el IDH.

RECOMENDACIONES – El IDH latinoamericano ofrece 10 recomendaciones  basadas en las lecciones aprendidas de la región: 1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; 2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; 3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; 4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; 5.  Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana; 6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes; 7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público; 8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas; 9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública y 10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.

El IDH regional concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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