“La violencia constituye la epidemia más seria y de mayor impacto que está padeciendo la región centroamericana y particularmente El Salvador”, aseguró Marcela Smutt, experta en Seguridad Ciudadana de la oficina salvadoreña del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las declaraciones fueron ofrecidas a la prensa en el marco del lanzamiento del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, titulado “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, que tuvo lugar este martes 20 de octubre en San Salvador.

El lanzamiento de la investigación ocurre cuando El Salvador vive el dramático repunte de una ola de criminalidad que comenzó un año atrás, en octubre de 2008. A partir de esa fecha, el número de homicidios  por mes pasó de 260 –la cifra más baja del año pasado— a más de 320 homicidios mensuales en agosto de este año. De acuerdo con las cifras disponibles, El Salvador ha alcanzado en los últimos meses una tasa anualizada de 63 homicidios por cada 100 mil habitantes. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes alcanza los niveles de una epidemia. El Salvador desde el año 2005 multiplica por seis esa medida.

El Informe para América Central del PNUD realiza un diagnóstico de la seguridad ciudadana en esta región que tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. La solución, dice el documento, “no pasa por la mano ‘dura’ ni por la mano ‘blanda’, sino por una mano ‘inteligente’” que  combine la prevención con el uso legítimo del aparato coercitivo del Estado. “Lo que se necesita es más prevención y mejor control”, aseguró Smutt..

Costos de la violencia

El mayor costo y el más difícil de cuantificar de la violencia y la delincuencia es el de las libertades perdidas. Ningún aspecto de la seguridad humana es tan fundamental como impedir ser víctima de violencia física, temor, chantajes o amenazas. La inseguridad, al afectar las decisiones que toma a diario la población, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para alcanzar el desarrollo humano, asegura el Informe del PNUD.

Aparte de perturbar la vida cotidiana y causar estragos emocionales, la violencia también obliga a las personas a disponer de recursos económicos de su propio bolsillo para preservar su seguridad y la de sus familias. Asimismo, el gasto público destinado a paliar los efectos de la violencia constituye una hemorragia de recursos materiales, económicos y humanos que podrían emplearse en áreas como la educación, la salud y la recreación de las personas.

Existen salidas

En su intervención, Smutt subrayó la importancia de recuperar y potenciar las buenas prácticas que han tenido lugar en El Salvador. “El PNUD y otras agencias de Naciones Unidas en el país, en coordinación con las autoridades nacionales y locales, hemos implementado con éxito proyectos de gestión local de seguridad ciudadana, como los Municipios Libres de Armas, una experiencia que  debiera ser replicada en los municipios más impactados por la violencia delincuencial”, puntualizó.

La principal conclusión del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central es que “la seguridad ciudadana requiere y exige un diagnóstico inteli¬gente sobre el problema, una voluntad política real, un sistema integrado para adoptar y ejecutar acciones de corto y de largo plazos, sustentado en un compromiso con los valores de la democracia”.

“Los esfuerzos del gobierno no bastan”, detalló la experta. “Es indispensable un involucramiento de las distintas esferas del Estado Central, de los gobiernos locales, la sociedad civil organizada, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y el concurso activo de la ciudadanía”, finalizó diciendo.

 

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